De Miguel calculó que la aplicación de la ley, hasta 2015, costará un total de 5.000 millones de euros, de los que el Gobierno central pondrá 1.000 millones y el resto, hasta 4.000 millones, la Generalitat.

Durante un encuentro con periodistas celebrado esta mañana en Valencia, del que informa la Generalitat, Alicia de Miguel se refirió a la Ley de la Dependencia, afirmando que "no vamos a hacer ni consentiremos que se haga electoralismo con este texto legislativo".

A su juicio, "es una ley necesaria, y por eso vamos a seguir colaborando para mejorarla, porque las personas dependientes están por encima de cualquier consideración o debate político".

Sin embargo, aclaró, "hay que tener cuidado con las cosas que se dicen públicamente, porque el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero estaba creando falsas expectativas en relación con la Ley de Dependencia".

"No es cierto", explicó, "que el 1 de enero de 2007 esta norma pueda aplicarse", por eso, recordó, el Partido Socialista ha presentado una enmienda en el Senado para que el texto de la norma hable de aplicación a lo largo de 2007.

Además, concluyó que la ley es, "en exceso, ambigua y deja temas muy importantes" a una reglamentación posterior que debe ser aprobada en el Consejo Interterritorial, donde están representadas las comunidades autónomas.