En estas autonomías se realizan inversiones mayores que en las comunidades insulares y muy superiores a las de la cordillera cantábrica o Galicia.

El director general de Costas del MOPTMA, Fernando Osorio, señaló hoy en rueda de prensa que esto es debido al mejor estado de conservación que, pr lo general, presentan las playas del Cantábrico y el Atlántico, en relación a las mediterráneas, que han sufrido una presión urbanística mucho mayor.

Fernando Osorio expuso como ejemplo el caso de la Comunidad Valenciana, ya que es la que tiene mayor proporción de suelo urbanizable. En la provincia de Alicante el 90 por ciento del suelo estaba clasificado como urbanizable antes de que entrara en vigor, en 1988, la Ley de Costas.

Para corregir algunos de los problemas que la presión urbanística a creado en el litoral, entre 1993 y 1997 se invertirán 150.000 millones de pesetas en actuaciones destinadas a la regeneración y protección de la costa, de los cuales 29.000 beneficiarán a la Comunidad Valenciana, 28.000 a Andalucía y 24.000 a Cataluña.

Canarias se beneficiará de inversiones por valor de 18.000 millones de pesetas, Baleares recibirá 9.000 millones, Galicia 12.000, el País Vasco 7.000, Cantabria 6.000 y Asturias 3.000.

Según Fernando Osorio, estas inversiones, que permitirán crea 9 kilómetros cuadrados de playas, servirán para regenerar cientos de kilómetros de litoral.

LEY DE COSTAS

Por su parte, la secretaria de Estado de Medio Ambiente, Cristina Narbona, destacó la garantía de protección que para todo el litoral supuso la aprobación y aplicación de la Ley de Costas.

A su juicio, esta norma ha resultado fundamental para conseguir mejorar la calidad de las aguas costeras, que en la actualidad presentan un estado más favorable que las aguas continentales.

En este entido, Narbona mostró su preocupación ante la posibilidad de que Convergència i Unió insista en la próxima legislatura en modificar esta ley, a lo que el PSOE, dijo, se opondrá, como ya hizo en la anterior legislatura.

La secretaria de Estado de Medio Ambiente aseguró que la modificación que defiende CiU reduce los niveles de protección del litoral en beneficio de los intereses urbanísticos.