Este año la construcción de cerca de un millón y medio de nuevas viviendas -el doble que en el año anterior-, 303 campos de golf, 116 puertos deportivos y 102 casos de corrupción urbanística resumen el estado de la costa española.

En la Comunidad Valenciana y Andalucía la destrucción del litoral se refiere fundamentalmente a la construcción de nuevas viviendas, campos de golf y puertos deportivos. A continuación se sitúa la Región de Murcia, donde la mayor preocupación es la agresión a los espacios naturales protegidos.

Este año destaca el salto cuantitativo dado por Galicia, con un enorme número de nuevos proyectos. Del resto de comunidades destacan el grave deterioro del litoral en Cantabria, Baleares y Canarias. También sorprende la elevada cantidad de proyectos urbanísticos investigados por la justicia en Asturias, al menos 17.

Por último, sólo Cataluña y Euskadi presentan algún dato positivo con medidas para proteger su litoral reflejadas en sus legislaciones, una cuestión que, según Greenpeace, debería ser imitada por el resto de comunidades.

Para Mario Rodríguez, coordinador de campañas de Greenpeace, el informe de este año no presenta grandes cambios y sigue mostrando que la realidad se debate entre "el lamento general" y "la falta de voluntad política" de las distintas admnistraciones para detenerlo.

Las previsiones de construcción, advirtió, apuntan que, en muchas regiones, más del 50% de la costa estará construida. Ahora, explicó, el 20% de la costa está construida con diferencias del 34% en Cataluña o del 8% en Lugo.

EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN

La mejor noticia, añadió, es el surgimiento de una red de grupos ciudadanos que intentan frenar "lo poquito que nos queda". Lo peor, que "ninguna administración" asume la responsabilidad de poner fin a la destrucción y que siguen mirando para otro lado mientras discuten sobre quién tiene las competencias.

De la actuación de Cristina Narbona al frente del Ministerio de Medio Ambiente la organización ecologista también tiene críticas. En su opinión, ha habido "cambio en la palabra" con anuncio de planes que después no se han concretado en acciones.

"Quedan 3.000 kilómetros de costa sin deslindar y el 40% de nuestras costas aún no tienen una protección clara", aseveró María José Caballero, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.

A su juicio, el Ministerio de Medio Ambiente debe centrarse "en el cumplimiento fiel de las leyes", "ponerse manos a la obra" y "dejar de echar balones fuera". Tampoco está de acuerdo Greenpeace con la costrucción masiva de desaladoras o con el hecho de que alguna de sus actuaciones se realicen en espacios naturales protegidos.

CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

El informe también recoge la corrupción urbanística en España. Greenpeace recuerda que España ocupa el puesto 23 de 159 países en el Índice de Corrupción 2005. "La corrupción urbanística y las ilegalidades relacionadas con la financiación municipal son los principales responsables de esta situación", señaló Caballero.

Según el estudio de Greenpeace, en la actualidad las instituciones de justicia investigan un centenar de casos que involucran a alcaldes y concejales de todos los colores políticos. La Comunidad Valenciana tiene 30 causas abiertas; le sigue Andalucía con 21 litigios conocidos y más de 70.000 viviendas ilegales repartidas por su litoral.

"Al 'caso Marbella' se suman los de otras localidades como El Puerto de Santa María, San Lúcar de Barrameda o Almuñécar", denuncia la ONG.

"El afán especulador para el que recalifica y para el que construye" está detrás de la construcción masiva, denunció Caballero. También el beneficio a corto plazo para los ayuntamientos.

Otro punto clave en la destrucción de la costa se ha centrado este año en la "explosión tremenda y demencial" del número de puertos deportivos, que aumentarán en 42.000 el número de atraques en el litoral. Andalucía, con más de 8.500 nuevos amarres, seguida de Baleares (7.500) y Valencia (6.900), encabezan los nuevos proyectos.

Por último, el estudio denunCia también el incumplimiento de la normativa sobre depuración de aguas residuales o el hecho de que el 13% de las aguas residuales e industriales se viertan directamente al mar sin ningún tipo de depuración.

La contaminación, señaló Caballero, es especialmente grave en Galicia y Canarias -donde tienen 300 puntos de vertidos ilegales-. Descatan los casos de La Coruña y Ferrol, donde no se depuran sus aguas residuales; o Cantabria, donde sólo 8 de los 32 municipios tienen planes para la gestión de sus aguas residuales.