Blasco remitió al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, un total de 17 de esos 67 expedientes por "considerar que pueden ser constitutivos de un posible delito ambiental", según informa la consejería que dirige.

Los autores de estas infracciones serán sancionados con multas que oscilan entre los 3.000 y 6.000 euros, además del derribo de la construcción ilegal y la reparación del daño medioambiental que ha causado, según se recoge en la ley.

El consejero destacó que se han detectado casos "de abusos flagrantes que no se pueden concebir", y continuó, que no consentirá que "las actuaciones urbanísticas ataquen los Espacios Naturales Protegidos".

En este sentido, Blasco reiteró que no va a tolerar "bajo ningún concepto" las infracciones urbanísticas en los espacios protegidos por la comunidad, siguiendo con su política de "tolerancia cero" en estos asuntos.

Por provincias, destaca la de Alicante en la que se han detectado 45 construcciones ilegales, seguida de la de Valencia con 17 y Castellón, con cuatro casos expedientados.