EL VALEDOR DO POBO GALLEGO DENUNCIA QUE SU PRINCIPAL PROBLEMA ES LA LENTITUD DE RESPUESTA DE LA ADMINISTRACION AUTONOMICA
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La tardanza de las administraciones públicas gallegas en contestar a los requerimientos del Valedor do Pobo (equivalente gallego del Defensor del Pueblo) es el principal problema al que debe enfrentarse para atender ebidamente las quejas planteadas por los gallegos, que fueron 805 en 1993, según el informe presentado hoy por el titular de la institución autonómica, José Cora.
Cora anunció también la inminente presentación de un informe específico, "Ser viejo en Galicia: la situación de nuestros ancianos", elaborado por la institución junto a otro sobre los menores recluidos en instituciones. Las conclusiones de ambos trabajos se incluyen en el informe anual del Valedor que en los próximos días será debatido en elParlamento autonómico.
Sobre el informe de la tercera edad, que engloba en Galicia a un colectivo de casi medio millón de personas, Celso Montero, vicevaledor y coordinador del trabajo aseguró que "el Estado tiene que poder pagar las pensiones. Sería una ironía y una tomadura de pelo tremenda que la sociedad que logró la longevidad diga tengo que abandonarte".
Montero se mostró seguro de que seguirá habiendo pensiones siempre, porque los ancianos castigarían con el voto a cualquier gobierno que ls suprimiera. "La democracia es la mejor garantía. A veces puede ser más importante mantener al abuelo que hacer una autopista en menos años", dijo.
José Cora dijo que no han detectado una negativa de información sistemática por parte de ningún departamento de la Xunta o un ayuntamiento concreto, pero en el informe existen más de una veintena de instituciones que tardaron hasta 23 meses en facilitar las respuestas que reclamaba el Valedor. Por ello, la institución incluye en su informe una relación diecta de quienes sobresalen por su lentitud.
En concreto, la Consejería de Industria y Comercio de la Xunta precisó de 23 meses y 6 requerimientos para facilitar la información que reclamaba el Valedor do Pobo para resolver una queja ciudadana. Por ley, la respuesta debería ser facilitada en un plazo de quince días.
También otras instancias de la Xunta se revelaron como muy lentas para contestar algunas peticiones del Valedor, sobre todo en las consejerías de Obras Públicas y Sanidad. El Institutode la Vivienda, dependiente de la Consejería de Obras Públicas, -señalado por Cora como uno de los reincidentes- necesitó ocho meses para tender una queja concreta, la delegación provincial de Obras Públicas en Lugo 9 meses, la Dirección General de Medio Ambiente 10 meses, el Servicio Gallego de Salud 5 meses o la Dirección General de la Función Pública, que lleva seis meses sin facilitar la información requerida.
También hubo retrasos en la administración local, destacando los ayuntamientos de Vigo yCoruña, con 6 meses de retraso; Arteixo (La Coruña), 12 meses; Cambre (La Coruña), 19 meses, o Sada (La Coruña), 20 meses.
Este año, el Valedor recibió 805 quejas, frente a 733 en el 92, 781 en el 91 y 372 en el segundo semestre de 1990, cuando comenzó a funcionar la institución. .
(SERVIMEDIA)
05 Mar 1994
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