Se trata del primer paso que este informe da en el Congreso, después de que fuera entregado al presidente de la Cámara, Manuel Marín, semanas atrás, por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.

La comparecencia de Valcarce se producirá ante la Comisión no Permanente del Pacto de Toledo. El último acuerdo político sobre protección social, cerrado en 2003, instó al Ejecutivo a poner en marcha un plan de atención a las personas dependientes.

Según el informe elaborado por un grupo de expertos, las multas de tráfico y otras sanciones, conjuntamente con los impuestos sobre el alcohol y el tabaco, financiarán en gran medida la cobertura por dependencia.

Los expertos que han redactado este libro siguen así experiencias de otros países que ya ofrecen la cobertura por dependencia y consideran que esta actividad podría cubrirse precisamente con ingresos públicos relacionados con asuntos que pueden provocar dependencia, como los accidentes de tráfico, fumar y beber, o incumplir la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

El Libro Blanco afirma que el sistema universal de atención a los dependientes tiene que dotarse con dinero procedente de los impuestos del Estado, como ya hacen otros países.

No obstante, ésta no es la única vía, dado que los expertos se debaten entre que la financiación se enmarque o no dentro de un sistema de Seguridad Social contributivo, es decir, que cada uno cotice para tener derecho a la futura atención.

Esto supondría, según explican, establecer una cotización específica para la nueva prestación contributiva, además de crear otros sistemas para que también coticen al efecto las personas que estén excluidas del sistema.

Con todas estas cuantías, concluyen los expertos, debería crearse un modelo de gestión a través de un fondo estatal, de donde saldrían las prestaciones y el dinero necesario para la creación de infraestructuras.

El Gobierno prevé poner en marcha en un plazo máximo de ocho años un Sistema Nacional de Dependencia, con un coste anual de unos 8.500 millones de euros anuales, para cubrir a los más de 1.100.000 personas que actualmente no pueden valerse por sí mismas, principalmente ancianos y discapacitados. Como compensación, el desarrollo del sistema de atención generaría unos 330.000 puestos de trabajo.