Fuentes de las citadas organizaciones hicieron estas declaraciones a Servimedia, tras el acuerdo pactado por el Gobierno y las comunidades autónomas con respecto a la autorización sanitaria que se aplicará a los animales que vayan al matadero y que deberá ser firmada por el veterinario oficial o habilitado.

En opinión del secretario general de Ganadería de UPA, Román Santalla, los ministrios de Agricultura y de Sanidad, "lejos de retirar el certificado veterinario que acompaña al animal al matadero, un certificado por cierto que no tiene ninguna validez de cara a la sanidad pública, nos sigue insistiendo en que tiene que firmar un certificado un veterinario, y además tendría que firmar otro documento el propio ganadero".

En su opinión, es "una verdadera exageración sin ningún tipo de motivos que va a tener unas repercusiones económicas negativas en el ganadero, porque el veterinario esde luego va a cobrar por este certificado".

Por su parte, el representante de ASAJA, José Pravia, declaró a Servimedia que con la aprobación de estos certificados, "es una inutilidad que hayamos añadido mayor burocracia a la que ya tenemos porque no aporta absolutamenta nada más que enredo".

Precisó que lo más importante es garantizar la seguridad en la cadena alimentaria, y ésta ya está garantizada "ya que según los expertos parece que la enfermedad sólo se puede dar en animales mayores de 30 eses, y, hay que dejar bien claro, que ahora mismo en España, o el animal de más de 30 meses se le hace la prueba prion, da negativo y pasa a la cadena alimentaria, o al animal al que no se le hace la prueba va directamente a la destrucción".

Por otra parte, el responsable de organización de COAG. Miguel López, anunció que no piensan asumir esta medida porque "si nosotros hacemos ese certificado estamos eximiendo de responsabilidad tanto a las harineras como a las fábricas de pienso y a la propia Admiistración, que dicho sea de paso es la que ha pedido las autorizaciones y la que ha permitido que se registren productos que de alguna forma han tenido el beneplácito de la Administración para poderse fabricar y comercializar".