Según informó hoy UPA, esta organización considera que la citada decisión del Gobierno perjudica a los productores, noaporta ninguna garantía adicional y tan sólo traslada a los ganaderos una responsabilidad en la certificación que no les corresponde.

El recurso de UPA ante la Audiencia Nacional busca como primer objetivo que la normativa sea suspendida de forma cautelar mientras el tribunal decide sobre la legalidad o ilegalidad de la misma.