La petición de UPA está justificada, según esta organización agraria, "por el colapso total existente en la mayoría de los mataderos encargados de sacrificar estos animales", lo que deja a los ganaderos españoles en una situación de indefensión, ya que si no sacifican los animales ofertados no reciben la correspondiente liquidación por parte del FEGA, y además se prolonga el periodo de permanencia de los animales en la explotación ganadera, con el consiguiente incremento de costes.

UPA sostiene que el plan de intervención de Agricultura "está muy lejos de cumplir los objetivos previstos, que se habían fijado en la retirada de 180.000 animales de más de 30 meses", ya que, "a fecha de hoy, la oferta apenas supera las 70.000 cabezas de ganado, cifra muy lejana e las previsiones oficiales".

Según UPA, "además, y debido a la falta de eficiencia en la gestión por parte de la Administración podrían quedarse fuera de la intervención más de 7.000 vacas de más de 30 meses, que no podrán ser sacrificadas antes de la fecha límite del 30 de junio, lo que repercutiría gravemente en las renta de los ganaderos y del sector productor de carne de vacuno en general".