Moraleda explicó a los periodistas que, tras comprobar la reacción del Gobierno al problema de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), teniendo en cuenta que en otros países ha habido actuaciones administrativas a nivel comunitario y político y que el Ejecutivo español ha eludido su responsabilidad, esta organización de agricultores y ganaderos ha decidido acudir a los tribunales

El objetivo de estas actuaciones judiciales, señaló, es evitar precisamente que el Gobierno esconda su responsabilidad y que trate de culpar de lo que está sucediendo a los ganaderos, sector que es víctima y no responsable del problema.

La primera medida que UPA adoptará será la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra una orden ministerial aprobada el pasado sábado por la que se obliga a los ganaderos a certificar que sus animales son aptos para el consumo humano, dictamen qe requiere conocimientos científicos de los que carecen y a los que no están obligados por las autoridades comunitarias.

Moraleda quiso dejar claro que en el resto de Europa no existe ninguna recomendación en este sentido, por lo que se pregunta en qué se basa el Gobierno para obligar a los ganaderos, sin que exita criterio científico, a algo que no está en su mano, sino que quiera hacer corresponsable a ese sector cuando la responsabilidad es únicamente suya.

El dirigente de UPA aseguró que estaasociación presentará todos los argumentos necesarios para que el juez correspondiente suspenda esta norma. "El Gobierno genera alarma y pretende convertir al ganadero en un veterinario", indicó.

La segunda medida legal consistirá en la interposición de una demanda de responsabilidad patrimonial contra la Administración del Estado como consecuencia de la negligencia con que, en opinión de esta organización, ha actuado el Gobierno en los últimos meses respecto al problema de las "vacas locas", actitud ue puede ser causa de alarma, de la disminución del consumo de carne de vacuno y del deterioro y la ruina de miles de pequeños y medianos ganaderos.

Esta segunda actuación, subrayó Moraleda, se hace en función de diversas decisiones comunitarias que obligaban al Gobierno español a actuar de una manera determinada y que no fueron acatadas por éste, que además las calificó de irresponsables. "La realidad de hoy quita la razón al Gobierno español", reclacó el responsable de UPA.

Tras informar de quelos veterinarios apoyan estas acciones legales, explicó que, paralelamente, está prevista la celebración de una gran manifestación en Madrid que tendrá lugar entre finales de febrero y el mes de marzo.

Moraleda agregó que la intención de UPA es ponerse del lado de los consumidores, que no quieren que se trate a los animales como máquinas, algo que no hacen los ganaderos y que sólo es responsabilidad de los especuladores, quienes se han beneficiado de ello.

Finalmente, el secretario general de est asociación expresó la necesidad de que se cree un comité científico independiente que analice el problema e indique lo que hay que hacer para solucionarlo.