Así consta en un proyecto de Real Decreto-Ley sobre infracciones y sanciones aplicables a la EEB, al que tuvo acceso Servimedia, que el Gobierno aprobará en un próximo Consejo de Ministros, después de someterlo a consulta de los sectores afectados.

El Ejecutivo considera que la actual normativa sancionadora, incluida en la Ley General de Sanidad y la Ley d Defensa de los Consumidores y Usuarios "está desfasada" y es necesaria su actualización.

Por ello, plantea nuevas sanciones, que oscilarán entre 10 y 200 millones de pesetas para quienes incurran en falta muy grave, de 750.000 a 10.000.000 pesetas para las faltas graves y de 200.000 a 750.000 pesetas para las leves.

Entre las faltas muy graves se encuentra la ocultación de casos de EEB, la omisión de analíticas y test para detección de encefalopatías, la falsificación de libros de registro de anmales y la incorrecta extracción de los Materiales Específicos de Riesgo (MER) de los sacrificados.

Además, son también consideradas como faltas muy graves la utilización de harinas animales en la alimentación de reses, así como su comercialización y fabricación, y el falseamiento de los datos exigidos en las etiquetas de productos de alimentación animal. La misma tipificación de muy grave se aplicará a quienes intenten fraudulentamente conseguir las ayudas puestas en marcha para paliar la crisis de ls "vacas locas".

En el capítulo de faltas graves se enmarcan la no identificación de los animales de una explotación, la declaración de datos falsos sobre los animales y la no declaración de su muerte, la obstrucción a la actuación inspectora y la falta de comunicación de sospechas sobre la aparición de un caso de "vaca loca", entre otras.

Finalmente, las faltas leves serán el retraso en las comunicaciones a la autoridad de muerte o enfermedad del ganado, la falta de colaboración con la Administrción y la fabricación de piensos en condiciones no permitidas por la ley, entre otras actuaciones infractoras.

Las sanciones se harán extensivas también al transporte de animales en las condiciones indebidas, y serán aplicadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que podrá delegarlas en otras entidades.

Este proyecto está en periodo de consultas con el sector que, en líneas generales, según reconocieron a Servimedia fuentes de los productores de vacuno, lo han acogido con entusasmo y han solicitado que se cumpla "con el máximo rigor".