El Ejecutivo aprobó a finales de diciembre pasado una normativa por la que los veterinarios adscritos a la Administración deben firmar un certificado que garantiza la salud del animal antes de su sacrificio. Este procedimento ha provocado colapsos en los mataderos y una elevación de los costes para los ganaderos, aunque esto sólo ha sucedido en algunas comunidades autónomas.

Ahora, el Gobierno ha reconsiderado en parte su primera idea y mejorará el sistema de certificados, para agilizar los sacrificios, en un momento en el que, además, está paralizado el sector por la crisis de las "vacas locas" y la bajada en el consumo.

Todas las asociaciones de ganaderos y agricultores, e incluso los veterinarios, se han quejao de la escasa validez de este tipo de certificados, con los que no se puede garantizar la salud del animal, y han apoyado las analíticas pos-mortem como método más fiable para garantizar al consumidor que la carne es de total confianza.

REUNION

Esta decisión se comunicará casi con toda seguridad hoy en las dos reuniones sectoriales que los ministros de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y Sanidad, Celia Villalobos, mantendrán con los responsables de Sanidad y Agricultura de las comunidades autónomas Posteriormente, se reunirán también los responsables de ambos ministerios.

Además, hoy será un día decisivo en el tratamiento de la crisis de las "vacas locas", puesto que Sanidad y Agricultura transmitirán a las autonomías el sistema definido por el Gobierno central para canalizar los residuos que pueden transmitir el riesgo.

El Ejecutivo busca igualmente tranquilizar a los ganaderos mediante el lanzamiento de una campaña de promoción de la carne de vacuno para los consumidores.

Entre otro asuntos, se hablará de la opción -más que posible- de que las cementeras sean las encargadas de destruir los despojos relacionados con la transmisión de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), mientras que los Materiales Específicos de Riesgo (MER) serán tratados en las plantas incineradoras. Además, se hablará y repartirá entre todas las administraciones el coste de estas medidas.