Según la UPA, más allá de la defensa de sus legítimos intereses económicos, los ganaderos pretenden que la Administración, como responsable de garantizar la seguridad alimentaria, corra con los gastos que supone destruir los desechos animales.

Los ganaderosquieren con las movilizaciones "llegar a la opinión pública para denunciar que un programa de sanidad pública se pretende mantener a través de una financiación privada y a través, además, del segmento de menor renta", afirmó Moraleda.

La UPA evalúa en 40.000 millones de pesetas anuales el coste de las medidas que tienen que asumir por las medidas del Gobierno contra la encefalopatía espongiforme bovina (EEB). Estos 40.000 millones se desglosan en unos 23.000 por la tasa de los mataderos y en otros 17.00 por la extracción de los MER.

Los quince mataderos paralizados hoy son los más importantes de las comunidades autónomas eminentemente productoras de terneros, que son las más afectadas por la tasa, según la UPA. Se trata de Galicia, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia.

SANIDAD PUBLICA

"Quien preserva la sanidad pública es quien la gestiona y quien tiene la obligación de presupuestarla. Si el Gobierno del Estado no presupuesta, no gestiona un program de sanidad pública, eso no significa que no sea responsable", indicó Moraleda.

Para la UPA, "el Gobierno no quiere asumir políticamente poner una tasa finalista al consumo, como han hecho en Francia, pero tampoco pone presupuesto".

Moraleda comparó este recargo que les ponen los mataderos con el nuevo impuesto de las gasolinas para financiar la sanidad. "Es como si todas las necesidades de la sanidad se financiaran exclusivamente con impuestos indirectos, es decir, con impuestos al consumo", señló.

UPA advirtió que el modelo escogido por Agricultura tiene "un problema añadido, que aquí se genera un problema de seguridad alimentaria", ya que, "si en los próximos meses hubiera algún problema de seguridad alimentaria, tendría más que ver con la ausencia de norma, en primer lugar por parte del Estado a la fecha en la que estamos, y por la consecución del déficit cero, que es la ausencia de presupuesto en este caso para la destrucción de harinas cárnicas".

"Creo que el déficit cero no puede er prioritario al valor de preservar y garantizar la sanidad humana", sentenció Fernando Moraleda.