Según señaló a Servimedia el responsable de Ganadería de COAG, Andoni García, "nos parece positiva la propuesta y más cuando estamos a mediados de febrero y todavía esta medida no está funcionando como debiera".

Hasta el momento, sólo han sido eliminadas cerca de 2.000 vacas desde el 1 de enero, que no tienen necesariamente que ser sometidas al test del prión y cuyos propietarios reciben una indemnización, según indicaron hoy a Servimedia fuentes del Ministerio de Agrcultura.

La principal razón de este retraso son las 50.000 pesetas por animal que la Administración española exige a los ganaderos para que no se echen atrás de su decisión de destruir el animal y no destinarlo al consumo, una fianza que, según la COAG, únicamente se pide en España y que está suponiendo más dificultades todavía para un sector al borde de la ruina.

García señaló que el director general de Ganadería se ha comprometido "a tratar de que se elimine" este aval. Hay que recordar que el obierno prevé incinerar 180.000 reses en los primeros seis meses del año.

Otro obstáculo para aplicar el programa de destrucción es que todavía no se han definido los mataderos autorizados para sacrificar a estos animales, que no pueden ser los mismos que matan animales de abasto.