En una nota de prensa, la CECU calificó de "totalmente inaceptable, injusta y temeraria" la decisión adoptada por el Ministerio de Agricultura y recordó que "los poderes públicos son los encargados de garantizar la salud y la seguridad de los consumidores".

"No es admisible", a su juicio, "que para el cumplimiento de este derecho se solicite a los ciudadanos la disminución de sus rentas, de forma indirecta, como es el caso, ya que se entiende queson los presupuestos generales los que deben asegurar derechos tan básicos y elementos como éstos".