Según la ordende 28 de diciembre de 2000, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) compra los animales que se vayan a destruir, con objeto de que no llegue al mercado ninguna carne de más de 30 meses sin haber pasado la prueba de la EEB, pero el ganadero debía depositar un aval de 50.000 pesetas, lo que despertó la oposición de las asociaciones ganaderas por suponer, además de los problemas causados por la caída del consumo, un obstáculo económico más.

Como consecuencia de este aval, hasta mediados de febrero sóo se habían presentado unas 2.000 solicitudes para el Programa de Destrucción. Según la orden que entrará en vigor mañana, los avales que ya han sido presentados no serán ejecutados en ningún caso por el FEGA.