La AUC hizo esta consideración tras el informe hecho público por el CAC sobre la cadena COPE que afirma que esta emisora vulnera los límites constitucionales de la libertad de expresión.

Esta asociación destaca en una nota que "la Constitución en su artículo 20, así como las sentencias de los Tribunales Supremo y Constitucional en este ámbito, diferencian claramente entre 'expresión', que se refiere a opiniones o a manifestaciones artísticas por sí mismas inverificables, e 'información', que da cuenta de hechos u opiniones acontecidas en la realidad".

"Por ello", añade, "la libertad de información está sometida, además de al Código Civil y al respeto a otros derechos constitucionales, a la obligación de veracidad".

La AUC considera que los ciudadanos tienen derecho a que los medios de comunicación informen verazmente de los hechos (es decir, sin intención de engañar), sin menoscabo de su libertad a la hora de interpretar ideológicamente esos hechos.

Asimismo, asegura que los ciudadanos también tienen derecho a que los poderes públicos, en su marco competencial propio, velen por la garantía de esa veracidad.

Los órganos reguladores de lo audiovisual, para estar legitimados en sus decisiones, deben constituirse de forma independiente, con consejeros sin mandato imperativo, tal y como ocurre en los países de nuestro entorno.

"Pero también, para ser eficaces, deben poseer capacidad sancionadora y decisoria en ámbitos como la concesión de licencias", sentencia la AUC. En este sentido, esta asociación concluye que el CAC está perfectamente legitimado para hacer cumplir la Ley audiovisual autonómica.