Según esta organización, en el caso de los viajes combinados, el organizador tiene la obligación de poner inmediatamente en conocimiento del consumidor "cualquier posible modificación de un elemento esencial del viaje", como es el caso de una "crisis de salud pública" como la vivida en México.

En este caso, el usuario tiene dos opciones: o bien resolver el contrato sin penalización alguna (lo que implica no admitir la imposición de ningún tipo de gastos, como los llamados gastos de gestión de la cancelación); o bien aceptar una modificación del contrato, en el que se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el precio.

La elección entre estas opciones corresponde al usuario, no pudiendo imponerlas el organizador.

Ceaccu advierte de la necesidad de que el consumidor comunique al organizador su decisión en el plazo de tres días siguientes a ser notificado por aquél.

En el supuesto de que no comunique su decisión, se entenderá que opta por la resolución del contrato sin penalización alguna. Es decir, que en el caso de los viajes combinados el usuario tiene derecho a desistir libremente del viaje sin ningún tipo de penalización.

En el caso de que el transporte aéreo y el alojamiento se contrataran por separado, no existe un derecho tan claro reconocido para la cancelación del viaje, pero el supuesto acaecido en México ha de entenderse como "fuerza mayor".

Por esta razón, Ceaccu considera que es "inexigible por el empresarioel cumplimiento del contrato al usuario en estas circunstancias, toda vez que el deber de diligencia impone seguir los consejos dictados al respecto por las autoridades públicas".