Para el secretario de Acción Sindical de USO, Carlos Solas, "no tiene ningún sentido una tarifa orientativa para que los magistrados de las salas de lo social apliquen ante despidos laborales, máxime cuando la legislación vigente y la reciente reforma del Estatuto de los Trabajadores deja meridianamente clara esta materia".

A juicio de Solas, "parece una sospecha fundada que lo que se pretende desde el Gobierno es proeder de forma encubierta, aún más, en el abaratamiento del despido, al tiempo que supone un condicionante para los jueces a la hora de emitir sentencias".

Según el responsable de USO, "lo sensato es dejar que los jueces apliquen la legislación vigente, y, si el Gobierno quiere abaratar el despido, que lo haga a través de la correspondiente modificación legislativa del Estatuto de los Trabajadores y no a través de una legislación que parece cercana a las tesis empresariales".