En una carta firmada por s secretario general, Manuel Zaguirre, USO expresa su confianza en que el Defensor "no va a quedar impasible ante unas medidas gubernamentales que recortan considerablemente los derechos de los ciudadanos".

Las medidas del ajuste económico que, según USO, podrían vulnerar la Constitución son, además del incremento de la tarifa del IRPF con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 1992, el incremento de las retenciones de este mismo tributo a partir de agosto y la reducción en un 10 por cien del compemento de productividad de los funcionarios.

A su juicio, esta última medida supone también una restricción de derechos ya adquiridos, además de vulnerar el artículo 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo, según el cual la Administración deberá motivar los actos que limiten derechos subjetivos.

Zaguirre señala en la carta que el Defensor del Pueblo tendrá que decidir si el ajuste supone una asignación equitativa de los recursos públicos o si es una medida que obedece a "una deficiente gestin y despilfarro de los fondos públicos".