"Aunque no está cuantificada la deuda", afirmó De Vicente, "nos consta que este departamento hace aguas por todas pates y está quebrado en el abono de cuotas a la Seguridad Social". Según este sindicato, el Ministerio de Defensa debe en algunos hospitales hasta tres meses de sueldo.

Por otra parte, De Vicente anunció que la Audiencia Nacional considera firme la sentencia según la cual las adjudicaciones de un millón de pesetas que el ministerio concedió en 1990 únicamente a UGT y CCOO (en las que quedaron excluidos otros sindicatos con representatividad, como USO), son ilegales y no fueron publicadas en el "BOE". Asimismo, la Unión Sindical Obrera envió recientemente una carta al Tesoro Público, en la que solicita una aclaración sobre el destino de esos presupuestos, para determinar si ha existido malversación de fondos.

CONTRATACIONES ILEGALES

Por su parte, Alejandro Cuezva, secretario general de USO-Defensa, denunció la contratación ilegal de personal sanitario, como el caso de un trabajador mayor de 65 años, del que además fueron localizados cinco números diferentes de afiliación a la Seguridad Social. Este sindicato considera que los directores de los hospitales militares no favorecen el desarrollo de los derechos sindicales del personal sanitario, ya que no permiten celebrar asambleas en los centros de trabajo.

Finalmente, Cuezva condenó la postura que mantiene el Ministerio de Defensa, del que dijo "amenaza con descuentos de hasta un 40 por ciento en las nóminas de los trabajadores que no se adhieran al convenio".

USO presentó ayer una demanda en la Audiencia Nacional contra el departamnto que encabeza Julián García Vargas, por considerar que discrimina a sus delegados sindicales.