Según explicó hoy en rueda de prensa el secretario general de la Federación de Empleados Públicos de USO, Luis Deleito, el plan de pensiones de los funcionarios está gestionado por la empresa Gestión de Previsión y Gastos (GPP), participada en un 70% por BBVA y en un 30% por CCOO y UGT, y nació en 2004 con una dotación de 62 millones de euros, a los que en 2005 se añadirán 50 millones más.

En este sentido, Deleito denunció que el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y los sindicatos han acordado de manera unilateral "obligar a los funcionarios a suscribir un plan de pensiones que ellos mismos gestionan y que debería de haberse debatido en la Mesa General de la Función Pública".

Además, Deleito advirtió de que el plan debilita a la Seguridad Social y de que se trata de una financiación encubierta a CCOO y UGT. En este sentido, afirmó que no tiene sentido que el Gobierno desvíe ingresos del sistema público de pensiones hacia un plan privado, si lo que quiere es potenciar el primero.

Por otro lado, el representante sindical de USO en Correos, Manuel Aguilella, afirmó hoy que "ya hay 10 sentencias que obligan a Correos a readmitir a los 135 trabajadores despedidos en Cataluña".

Además, Aguilella denunció que en la empresa "se está coaccionando de una manera burda a la plantilla para que, mediante una circular interna, se comprometan a no interponer demandas a Correos bajo la amenaza de dejar de aparecer en la bolsa de empleo".