En concreto, esa normativa debería establecer "la obligación de las compañías de entregar toda su documentación económica y bancaria a los representantes de los trabajadores, a fin de que ésto puedan realizar un seguimiento real de la situación económica de las empresas, que evite cualquier tentación de picaresca, cuando no de fraude".

USO hace esta petición a raíz de una reciente sentencia del Tribunal Supremo, que según esta central "va a permitir el drástico abaratamiento de los despidos a través de la simple alegación por parte de los empresarios de motivos económicos, sin necesidad de justificación plena".

Aunque expresa su respeto a los tribunales, esta central teme que tras la entencia se incremente la vía del despido por razones económicas, "que en una empresa, por razones directas o indirectas, pueden ser todas".