En su nota, la asociación señala que Ortiz Urculo decidió abrir una crisis en dicha fiscalía pero sin obedecer a criterios constitucionalmente normales adoptados en el ejercicio legítimo del poder que tiene, puesto que debería haber comenzado por iniciar unainvestigación respecto a la situación de esa fiscalía, exigiendo posteriormente las responsabilidades disciplinarias o políticas que fueran pertinentes.

Sin embargo, "el fiscal general hizo justamente lo contrario. Antes de cualquier investigación cesó de mano al fiscal jefe, eliminando de raiz el principio de autoridad que es lo que, paradójicamente, pretendía reforzar y mezclando los dos espacio de responsabilidad aludidos".

Así, en opinión de Jueces para la Democracia, Ortiz Urculo "eliminó demodo absoluto, al punto de invertirla, la jerarquía que la Constitución predica respecto del funcionamiento de la institución y creó las condiciones objetivas para la rebelión de los subordinados".

"Naturalmente, se ha visto incapaz de resolver la crisis que él mismo patrocinó, ya que el mensaje que ha lanzado a los eventuales candidatos al cargo de fiscal jefe resulta desalentador para cualquiera".

En su comunicado, la asociación judicial también critica al Gobierno y a la ministra de Justicia, argarita Mariscal de Gante, por su actuación en este asunto.

Respecto al primero, afirma que "no puede eludir la clara responsabilidad que tiene" respecto de las actuaciones del fiscal general, ya que fue quien le nombró, "salvo que pretenda destruir la estructura institucional del Estado mediante grotescas apelaciones a la 'independencia' del fiscal general".

"Puede ocurrir que el Gobierno quiera saldar el asunto con la dimisión o el cese del fiscal general, que se convertiría de ese modo en un uténtico chivo espiatorio de lo que en definitiva es una total falta de ideas respecto de cual es o debe ser el papel de una institución tan importante como la Fiscalía General del Estado", indica.

Añade que la ausencia de esas ideas básicas "se suma a la incapacidad de gestión general del departamento de Justicia, más preocupado del juego coyuntural del poder que de las necesidades de los ciudadanos".

El comunicado concluye diciendo que "es de todo punto urgente restablecer la normalidad instituional mediante el nombramiento de un fiscal jefe de la Audiencia Nacional que reúna la trayectoria inmaculada, la capacidad jurídica y el sentido de la autoridad que precisa el cargo, para restablecer los criterios constitucionales con los que debe actuar el ministerio fiscal".