En concreto, Ortiz Urculo no acudió, a pesar de haber sido propuesto por él, a la toma de posesión de Eduardo Torres Dulce como nuevo jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, cargo en el que sustituye a José Aparicio.

La protesta del fiscal general del Estado estuvo respaldada por los fiscales de sala del Tribunal Supremo, quienes también optaron por no entrar en el salón de actos donde se celebó la toma de posesión, excepto Aparicio, dado que ejerció como padrino de Torres Dulce.

No obstante, algunos de ellos se desplazaron al Palacio de Justicia para felicitar al nuevo número 2 de la fiscalía, aunque permanecieron fuera del salón hasta el término del acto.

Fuentes judiciales consultadas por Servimedia expresaron su sorpresa ante la decisión de la Sala de Gobierno de aplicar nuevamente dicho acuerdo, adoptado el pasado 4 de mayo, a pesar de que había sido revocado el pasado 17 de septimbre por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la presentación de un recurso por el anterior fiscal general del Estado, Carlos Granados.

Granados, que también durante su mandato protestó contra dicha norma ausentándose de varios actos, había invocado el vigente Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal según el cual el fiscal general del Estado ocupará en los actos oficiales "el lugar inmediato siguiente al del presidente del Tribunal Supremo".

El recurso fue estimado por el pleno del CPJ que decidió anularlo tras considerar que la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo no es la competente para regular el protocolo en los actos judiciales, que corresponde al máximo órgano de Gobierno de los jueces.

Esta decisión fue adoptada en vísperas del acto de apertura del año judicial, celebrado el pasado día 23 bajo la presidencia del rey don Juan Carlos, y en el que Ortiz Urculo ocupó un lugar en la mesa presidencial.

Fuentes del Tribunal Supremo justificaron la nueva aplicación de la noma de la Sala de Gobierno indicando que la resolución del CGPJ hacía referencia exclusivamente a los actos judiciales públicos y solemnes, como fue la apertura del año judicial, y no a los actos gubernativos del Alto Tribunal, entre los que incluyeron la toma de posesión de hoy.