El partido, constituido en San Sebastián de los Reyes en mayo de 2002 y que cuenta con 236 afiliados, concurrirá a los próximos comicios de mayo, según explicó su presidente óscar Carrilllo, "si en el tiempo que resta no se da una solución o se obtiene alguna respuesta al proceso de segregación iniciado hace más de un año".

El proceso de segregación de Ciudad Santo Domingo comenzó el 25 de noviembre del 2003, cuando el Ayuntamiento de Algete remitió a la Comunidad de Madrid el expediente de segregación de Ciudad Santo con un informe en el que se oponía a la misma.

La gran mayoría de los habitantes de Ciudad Santo Domingo (92,8%), dependiente del municipio desde 1969, expresaban su deseo de segregarse debido a la "mala gestión" de servicios que reciben por parte del Consistorio y que responde, en gran medida, a la enorme distancia que separa ambos núcleos de población (14 kilómetros).

Esta lejanía del núcleo administrativo provoca, según el presidente de la Comisión Promotora para la Segregación, Agustín Tejedor, "que ningún habitante de Ciudad Santo Domingo se sienta identificado con Algete".

Desde que fuera presentado el expediente y hasta la actualidad, el proceso de segregación ha seguido su curso, satisfactoriamente, al cumplir todos los requisitos legales recogidos en la Ley 2/2003 de la Administración Local de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, según Tejedor, desde octubre del pasado año, el expediente se encuentra paralizado en manos de la Comunidad de Madrid. La última información que los vecinos de Ciudad Santo Domingo tienen sobre el estado del proceso data del 5 de mayo de este año.

La presidenta de la Comunidad asegura, en una carta, que están a la espera del informe de la Dirección General de Administraciones Locales para remitir el expediente al Consejo de Estado.

En total, son ocho meses los transcurridos para la emisión de dicho informe y tanto el presidente del partido como el de la Comisión promotora aseguran no entender la tardanza.

Por ello, ante la premura de los plazos fijados por Ley, los vecinos de la urbanización reclaman a las autoridades regionales un pronunciamiento claro sobre la segregación que se base, única y exclusivamente, en la legalidad vigente.