A través de un comunicado, UPyD dijo que es "injustificable que, para calmar a la opinión pública por los fallos cometidos en el conocido caso Mari Luz, se imponga una sanción desproporcionada a la secretaria judicial que actuó en el procedimiento".

Según el partido de Rosa Díez, sancionar con dos años de suspensión de empleo y sueldo a esta funcionaria supone convertirla "en chivo expiatorio, mientras el juez responsable del procedimiento sólo ha sido sancionado con una multa de 1.500 euros".

Asimismo, UPyD opinó que "no sólo la Justicia debe ser igual para todos, sino que debe aplicarse con criterios de objetividad".

En este sentido, esta fuerza política estimó que "el Gobierno de la Junta de Andalucía debe asumir su notable parte de responsabilidad por permitir que el juzgado (de Rafael Tirado) careciera de la necesaria dotación de medios para poder funcionar con la dignidad y eficacia que se presupone a todo órgano judicial, encargados de aplicar la ley".

Además, UPyD concluyó que "con este caso ha quedado patente la despreocupación del Gobierno para resolver los problemas reales de la Administración de Justicia, valiéndole el artificio de ensañarse con el más débil para desviar la atención de lo importante".