En un comunicado, UPTA afirma que todas las regiones que van a proceder a desarrollar la ley aprobada por el Gobierno central "deben proceder a fijar moratorias hasta la entrada en vigor de las mismas, con el fin de evitar contradicciones y producir una mayor seguridad jurídica para todas las partes".

Para UPTA, pese a los "anuncios amenazadores, en particular por parte del Ministerio de Sanidad", las inspecciones o controles que desarrollen en esta fase los ayuntamientos y comunidades deben tener un carácter "asesor e informativo y en ningún caso punitivo", ya que muchos pequeños profesionales de la hostelería no conocen suficientemente, según UPTA, las denominadas condiciones de aislamiento sin las adecuadas especificaciones técnicas.

UPTA recuerda a los gestores de este ámbito de competencia administrativa que los locales, en particular los que se encuentran entre los 100 y 200 metros cuadrados, corresponden en su gran mayoría a familias en las que gran parte de sus miembros dependen de esta actividad principal y que tanto las sanciones, como la obligación de realizar acondicionamientos desproporcionados, pueden representar una "grave crisis" en el sector y "poner en peligro" muchos puestos de trabajo.