Esta directiva establece como motivos de la segunda licencia autonómica tan sólo los vinculados a intereses generales relacionados con el medio ambiente, el urbanismo o la conservación del patrimonio, desapareciendo en consecuencia los efectos socioeconómicos como justificación administrativa para denegar una licencia de apertura, explicó UPTA.

Estos efectos son, en su opinión, "los prioritarios que debería haberse tenido en cuenta para evitar la pérdida del pequeño comercio tradicional, pero su defensa ya se perdió en el ámbito de la discusión comunitaria y, por lo tanto, no pueden mantenerse en este momento en el proceso normativo".

Desde UPTA se considera que las Administraciones Públicas competentes, municipales y autonómicas, aunque no puedan denegar una licencia por estas causas, tendrían que valorar siempre el impacto socioeconómico que pueda producir, con el fin de adoptar las medidas oportunas que compensen la situación de las superficies comerciales que puedan perderse y su efecto sobre el empleo.