Según informó este martes la organización, esta situación se debe a la confusión del momento, y en muchos casos a “la falta de coordinación en los criterios que cada una de las mutuas de accidentes de trabajo establecieron para la concesión, unido a un asesoramiento incorrecto a los autónomos, que en un momento de desesperación decidieron realizar la solicitud”.

UPTA ha planteado una reunión urgente con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para tratar de establecer un criterio “razonable” en los procedimientos de reintegro. La propuesta de la organización es que estos reintegros puedan fraccionarse en plazos de al menos 24 meses y sin intereses.

Además, la organización señaló que los procedimientos acordados para la obtención de las mencionadas ayudas “han sido en todo momento consensuadas con las organizaciones de autónomos representativas” y asegura que “se mantuvieron infinidad de reuniones con responsables del Ministerio para poder afinar al máximo las condiciones que deberían justificarse para ser beneficiarios de las ayudas”.

Desde UPTA defienden que aquellas solicitudes que han sido requeridas para subsanación y cumplen con los requisitos se tienen que resolver favorablemente, pero nunca defenderán las resoluciones denegatorias que, desde su origen, no cumplían con la legislación correspondiente.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, señaló que “las ayudas estaban diseñadas para que aquellos autónomos cuyos negocios estuvieran sufriendo cierres forzosos, caídas de facturación o cualquiera de las circunstancias estipuladas en la ordenes correspondientes, se beneficiaran de una ayuda vital para la supervivencia de la actividad”.

“Sin embargo, muchas de los solicitantes desconocían cuales eran los requisitos para su correcto otorgamiento y justificación, y también muchas de las solicitudes incumplían de antemano los requisitos necesarios y aun así se tramitaron por parte del autónomo”, añadió.