En declaraciones a Servimedia, Carlos Castresana, portavoz de la UPF, afirmó que "darles una subida sin condición alguna, de esa cuantía, y además en un momento procesal políticamente tan delicado, es lo que permite afirmar que desde el Gobierno se está destruyendo la confianza de los ciudadanos en la Admnistración de Justicia".

De hecho la UPFha mostrado su extrañeza por que esta decisión se produzca a pocos días del inicio del juicio del "caso Marey" -primero de los grandes sumarios del GAL- en el Tribunal Supremo y "cuando se encuentran en tramitación varios procedimientos en este Tribunal contra altos cargos del PP, por corrupción".

"Por muy buena voluntad que le pongan los magistrados, cualquier ciudadano puede pensar que las decisiones están condicionadas por ese regalo extraordinario", apuntó el portavoz de la UPF.

Castresana inistió en que lo que realmente les preocupa es el momento que se elige y que se realice por Decreto Ley "con lo que hurtan el debate parlamentario".

Además, en un comunicado, la UPF calificó de "escandaloso" acordar ahora una subida para los magistrados, "y menos aún hacerlo en un porcentaje superior al 60 por ciento", por lo que insta a las fuerzas parlamentarias a oponerse a esta medida, que debe ahora ser convalidada o derogada por el Congreso de los Diputados.

COINCIDENCIAS

Los fiscales progesistas arremeten contra el Ministerio de Justicia y dicen que esta medida "es uno más de los despropósitos" procedentes de este ministerio, a la vez que critican que la subida se produzca "apenas unos días después de que el Tribunal Supremo dicte sentencia favorable al Gobierno, en el recurso sobre el nombramiento de Fungairiño", además de apuntar coincidencias con el inicio del "caso GAL" y algunos procedimientos contra altos cargos del PP.

"De esta forma, el Consejo de Ministros contribuye decisivaente a la destrucción de la confianza de los ciudadanos en la independencia e imparcialidad de los Tribunales de Justicia", insiste la asociación de fiscales.