Este retraso prorroga la incertidumbre en que viven unas 10.000 familias que trabajan en el algodón en 140 pueblos de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Jaén.

Según UPA, el aplazamiento de la reforma representa un "jarro de agua fría" para los productores de algodón, así como para las desmotadoras de la industria de manufacturación y otras empresas de servicios dependientes del algodón.

Por otro lado, la UE ha iniciado un debate sobre la simplificación de la Política Agrícola Común (PAC) basada en una única Organización Común de Mercado para todos los productos agrícolas.

UPA exige adaptar el sector del algodón a la filosofía que se establezca en la PAC, evitando así propuestas contra dicha filosofía, y por tanto, con escasas posibilidades de prosperar.