La ronda de encuentros comienza con el Grupo Parlamentario Socialista, en concreto con el portavoz de la Comisión de Medio Rural, Alejandro Alonso.

UPA denuncia que en los últimos años se están consolidando unos enormes márgenes entre el precio que reciben el agricultor o el ganadero y el precio que paga el consumidor.

La organización cree que esta situación, aunque consolidada, es reversible siempre y cuando exista voluntad política de los poderes públicos de ordenar el sistema económico. A su juicio, "ahora más que nunca es necesaria una ley urgente de márgenes comerciales a lo largo de la cadena alimentaria y la implantación de códigos de buenas prácticas comerciales que autorregulen las relaciones entre todos los eslabones de la cadena, desde origen al destino, con el reconocimiento explícito de las prácticas comerciales correctas y justas".

La semana pasada, UPA trasladó al fiscal general del Estado un informe en el que detallaba el funcionamiento de la cadena de valor de determinados alimentos y la evolución de los precios, tanto en origen como en destino.

El fiscal, según UPA, se mostró muy receptivo y se comprometió a trasladar el documento y su preocupación a los ministerios implicados, así como a hacer gestiones ante Defensa de la Competencia.