La sentencia tiene también un carácter histórico, pues es la primera vez que el Tribunal de Justicia anula un reglamento comunitario aprobado por un Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea.

Según UPA, en el primer año de vigencia del nuevo reglamento en España la superficie sembrada se ha reducido en 20.000 hectáreas y la cosecha en un 65%, lo que ha supuesto para el sector unas pérdidas estimadas de 60 millones.

UPA considera que la Comisión Europea debe elaborar de forma urgente un nuevo reglamento comunitario, que pueda entrar en vigor en la próxima campaña y que vuelva a recoger la filosofía de incentivar la producción de un cultivo social que genera numerosa mano de obra y permita que siga siendo un producto rentable, fundamentalmente para los agricultores del sur de Europa.

Por último, UPA está convencida de que la sentencia también es un varapalo general a la reforma intermedia de la Política Agraria Común (PAC), que sobre todo ha perjudicado a las producciones mediterráneas y atenta contra el modelo de agricultura familiar.