Según dijo hoy el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Fernando Moraleda, en una concentración en Madrid de un millar de delegados, a la que también asistió el secretario general de UGT, Nicolás Redondo, los responsables de la COAG y ASAJA están de acuerdo en movilizar a más de un millón de personas, si el Ejecutivo no atiende a su demanda de coversaciones.

Moraleda y Redondo calificaron de "imprescindible" un diálogo con la Administración para que las reformas estructurales que ha preparado el Gobierno no sean una mera adaptación "nominal" a las condiciones económicas de Comunidad Europea.

El líder de UGT, que calificó de "barbaridad" e "imbecilidad" el criterio de que la mejor política industrial y agraria es la que no existe, defendido, según él, por el Gobierno, insistió reiteradamente en que la convergencia económica con la CE no srá posible si sólo se atiende a criterios monetarios.

Antes de aplicar un programa económico, indicó Reodondo, "habrá que saber qué tipo de convergencia se quiere, si la nominal o la real; la que nos acerque en prestaciones, en nivel de paro, en mejora de la calidad de vida e incluso en corrupción y fraude, o una monetaria basada en grandes cifras macroecómicas como inflación, déficit público, etc".

Redondo también destacó las "profundas desigualdes" que existen entre las diferentes regiones de Eropa, e incluso dentro de cada país, y puso el ejemplo de Andalucía, donde el paro es del 26 por cien de la población activa, frente a una media nacional del 16 por cien.

"Si no somos capaces de reducir estas desigualdades en España", añadió, "¿de qué forma se pretende hacer con el resto de Europa?".

El dirigente de UGT definió la política progresista que, a su juicio necesita el sector aagrario nacional, como aquella que resuma iniciativas de las administraciones regional, central y comunitaria,para crear infraestructuras, industrias complementarias y mejores transportes y servicios públicos en las zonas más desfavorecidas.

Por su parte, el secretario general de UPA, Fernando Moraleda, coincidió con Redondo en que no es posible una reforma de la Política Agrícola Común (PAC) basada exclusivamente en el libre mercado.

Moraleda destacó que en 1960 cada agricultor español alimentaba con su producción a 10 personas, que en 1991 lo hacía a 27, "y parece que el objetivo de la política del Goberno es que dentro de algún tiempo 5 agricultores alimenten a 48 millones de personas, lo cual es imposible de aceptar".

Con estas manifestaciones, Moraleda respondió a las afirmaciones de algunos miembros del Gobierno en las que cifraban en un 50 por cien el excedente de población activa que hay en el campo español.

También criticó la "escasa preocipación" que, en su opinión, ha mostrado hasta ahora la Administración por atajar la crisis agraria en España y puso como ejemplo la actividada legisldora.

"Mientras que las grandes superficies en España", explicó, "pagan al productor 90 ó 120 días después, ellas exigen el dinero al contado al consumidor, lo que nos convierte en sus banqueros. En otros países, como Francia e Italia, existen leyes que les obligan a pagar en 30 días al agricultor. Que se legisle en éste sentido", reclamó.