En la iniciativa, presentada para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, los grupos proponentes aducen que en los últimos años se han comenzado a comercializar en toda Europa productos derivados del cáñamo con valores muy reducidos de THC, conocidos comúnmente como cannabis no psicoactivo, como por ejemplo el CBD.

Por eso, entienden que mantener un enfoque restrictivo y contrario a la realidad regulatoria de la Unión Europea relega a España a una situación de atraso, desventaja competitiva e inseguridad jurídica para las personas que producen y comercializan esta planta y sus derivados.

Entre otras medidas, proponen establecer para el cannabis no psicoactivo la limitación del porcentaje de THC al 1%, para así asegurar tanto la ausencia de efectos estupefacientes como un mayor rendimiento de los cultivos y su sostenibilidad conforme al Pacto Verde Europeo. De lo contrario, España estaría operando en este mercado en clara desventaja clara respecto a los países su entorno.

Asimismo, piden a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios declare su conformidad con la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de no fiscalizar el CBD al no tratarse de una sustancia estupefaciente.

No obstante, el primero de los seis puntos de la proposición no se refiere en particular al cannabis psicoactivo, sino que llama, en general, a "avanzar en la regulación integral del cannabis con el objeto de dar seguridad jurídica a las actividades de producción, comercialización y consumo", y otro de ellos pide clarificar la competencia autonómica en el cultivo del cáñamo.