La enmienda, de ser aprobada, añadiría un nuevo artículo 22bis a la Ley, con el epígrafe 'Bases para una movilidad segura. La seguridad en el transporte', y que constaría de cuatro apartados, el primero de ellos meramente declarativo.

El segundo establecería: "El personal que opera los medios de transporte y que controla el tráfico y tránsito de los mismos podrá informar sobre acciones u omisiones que pudieran poner en riesgo la seguridad en el transporte" ante los canales dispuestos a tal fin por la empresa o ante cualquier sistema público de recepción de información.

El tercero añadiría que dicho personal "podrá, asimismo, adoptar la decisión de paralizar el comienzo o la continuación del trayecto ante cualquier evidencia o sospecha objetivamente fundada de posibles riesgos para la seguridad de los pasajeros, de terceros y de los propios trabajadores".

Finalmente, el cuarto precisa que dichos profesionales que tomen tales decisiones "tendrán derecho a la protección frente a cualesquiera represalias, incluidas las amenazas y tentativas de represalia, por parte del empleador", y frente a cualquier "trato desfavorable y que les sitúe o pueda situarles en desventaja particular en el contexto laboral".

Según explicaron fuentes del grupo confederal, la iniciativa nace de los propios trabajadores y tiene su origen en el despido de tres pilotos de la empresa Canair, filial de la aerolínea Binter, que opera vuelos entre las islas Canarias, tras negarse a volar por encima de las nubes de humo procedente del volcán de La Palma. Los tribunales avalaron la decisión de la empresa.

Hoy, el portavoz de Transportes de Unidas Podemos en el Congreso, Rafael Mayoral, y la candidata de Unidas Sí Podemos a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, presentaron la enmienda tras participar en una asamblea de trabajadores, donde intervinieron responsables de algunos de los sindicatos que han mostrado su apoyo a la enmienda.