Según la ACT, el 37 por ciento de quienes denunciaron malos tratos de agentes policiales eran ciudadanos "normales, de los que el señor Corcuera y otros ministros del Interior dicen que no tienen por qué tener nada que temer", afirmó Jorge del Cura, uno de los portavoces de la asociación.

El 17 por ciento que denunció a las FSE eran inmigrantes, otro 17 por ciento correspondía a personas que reivindicaban cuestiones políticas o participaban en maifestaciones públicas (ecologistas, insumisos, por ejemplo), el 15 por ciento eran "delincuentes habituales" y otro 14 por ciento, personas detenidas en la lucha antiterrorista.

La Asociación Contra la Tortura ha detectado un incremento apreciable en el número de denuncias presentadas en España en los dos últimos años con respecto a las registradas antes de 1990.

Según Del Cura, entre 1990 y 1991 fueron presentadas un total de 143 denuncias contra 67 que eran conocidas hasta 1990. De ellas, 49 afctaban a miembros del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), 35 a policías locales, 26 a guardias civiles, 4 a la Policía Autónoma del País Vasco, 21 a funcionarios de prisiones y 8 a militares.

El aumento mayor lo registró el número de denuncias contra agentes de la Policía Municipal, que pasó de 10 antes de 1990 a 35.

MADRID, A LA CABEZA

Por comunidades autónomas, Madrid figura a la cabeza en número de casos, con 46 en los dos últimos años, seguida de Euskadi y Navarra, que suman entre ambas 37 deuncias, Cataluña (16) y Andalucía (14).

En la Comunidad de Madrid (CAM), las 46 denuncias se reparten de la siguiente forma entre los distintos cuerpos de seguridad: CNP 23, funcionarios de prisiones, seis; militares, uno, y Policía Municipal, 16. Antes de 1990, la ACT había recibido 2 denuncias por tortura o malos tratos contra agentes municipales de la CAM.

En total, 239 funcionarios resultaron implicados, de los cuales 29 fueron absueltos, 78 condenados y los restantes 132 siguen pendientes deresolución judicial.

Entre 1990 y 1991, hubo un total de 22 resoluciones judiciales: 5 sentencias condenatorias, 8 absolutorias y 9 autos de archivo.

La Asociación Contra la Tortura consideró que las autoridades no propician la erradicación de los malos tratos. Los representantes de la entidad señalaron como muestras de ello el contenido de algunos cursos de formación para funcionarios policiales, la práctica habitual de los fiscales de pedir "penas irrisorias", o la dificultad para que sea abiera una nueva causa por malos tratos cuando un sumario refleja que un acusado ha recibido golpes después de la detención.

ABOGADO DEFENSOR

Otro de los representantes de la ACT, Teodoro Mota, denunció la frecuencia con que el fiscal es reemplazado por el Fiscal Jefe de la Audiencia en los juicios de faltas y cómo en los últimos años el Ministerio Fiscal "ha pasado a tener un protagonismo creciente como defensor de los intereses de quienes son acusados por la acción popular".

"El Ministerio Fiscal o puede convertirse en abogado defensor", apuntó Mota.

Además, es frecuente que el fiscal presente una querella por injurias contra la persona denunciante cuando el acusado sale absuelto, según la ACT, aunque luego, en la mayoría de los casos, el denunciante tampoco resulta condenado.

Begoña Lalana, la tercer miembro de la asociación que participó en el acto informativo, expresó su preocupación por los "espacios de arbitrariedad y de independencia policial" que otorga la Ley de Seguridad Ciudadan.

La prevista reforma del Código Penal es un "buen momento para que el Gobierno demuestre que tiene interés en acabar con la tortura", afirmó Lalana. El medio adecuado, para la ACT, sería prever unas penas de inhabilitación mayores de las que figuran en el proyecto actual.

Asimismo, Lalana aseguró que el futuro Código Penal no recoge la definición de tortura del Convenio de Naciones Unidas, reconocido por España, en el sentido de admitir que los tratos vejatorios pueden producirse por otros motivs que no sean obtener una confesión, como por racismo o deseo de venganza, por ejemplo.

La ACT informó que en lo que llevamos de 1992, han tenido conocimiento de 55 denuncias por tortura o malos tratos.