El estudio destaca, no obstante, que el esfuerzo financiero realizado en los últimos decenios "ha permitido un avance, espectacular desde una perspectiva histórica, de la estructura educaiva del conjunto de la población, aumentando el nivel medio de las titulaciones".

A su juicio, "aun cuando la situación alcanzada todavía es insatisfactoria, de proseguir el esfuerzo colectivo emprendido y corrigiendo con decisión los desajustes surgidos, se puede conseguir en el futuro una equiparación con los niveles medios de la Unión Europea".

El estudio muestra que las regiones con un menor porcentaje de personas analfabetas o sin estudios son Navarra y La Rioja, en donde sólo un 1,4 por cie de los ciudadanos se encuentran en esa situación, frente al 9,2 por cien del conjunto nacional.

En el extremo opuesto figuran Canarias (10,1 por cien), Castilla La Mancha (14,1), Extremadura (14,6), Andalucía (16,6), Galicia (17,1) y Murcia (19,1).

Asimismo, Madrid es la comunidad autónoma que concentra un mayor número de titulados universitarios, ya que un 11,4 por ciento de su población tiene ese rango académico, frente a un 6 por cien de la media nacional.

Por detrás de Madrid figura el aís Vasco (8,5) y Navarra (7,3), mientras que Galicia, Castilla La Mancha y Baleares se encuentarn en la peor situación, desde este punto de vista, con una población universitaria que se mueve entre el 3 yel 4 por cien.

El estudio también pone de manifiesto las divergencias entre las comunidades autónomas en el gasto público en educación por alumno.

Navarra, Canarias, Asturias, Castilla y León son las comunidades que se benefician de un mayor nive de gasto en este terreno, en tanto que las peor stuadas son Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana.

Para el autor, "es posible que las diferencias que se observan en el gasto público por alumno se deban a los criterios adoptados en la cesión de recursos financieros por paret de la Administración Central durante la fase de creación del denominado Estado de las Autonomías".

"De ser así", añade, "sería indispensable establecer un nuevo sistema de financiación que modificara las desigualdades detectadas, para asegurar el principio de equidad enre comunidades".