El decreto que regula la incompatibilidad de los profesores de la universidad pública para trabajar en la privada, es el gran problema con el que se enfrentan los impulsores de las universidades privadas, a los que se les exige que durante el primer año de fncionamiento el 60 por ciento de sus docentes tengan dedicación exclusiva.

En un futuro próximo, todo docente que quiera impartir clases en una universidad privada deberá solicitar excedencia y si luego quiere regresar a la pública, tendrá que someterse a un concurso de oposición allí donde se ofrezcan plazas de su especialidad, ya que no conservaría su puesto inicial.

También es incompatible ejercer actividades docentes con dedicación parcial en la universidad pública con la enseñanaza en la priada, lo que algunos participantes calificaron de "inconstitucional".

En opinión de Miguel Gassiot, portavoz de la Universidad Ramón Llul, una de las que ya han recibido aprobación del Parlamento catalán para entrar en funionamiento, y de Inigo Cavero, director del curso, la única posibilidad que tienen las universidades privadas es la de convencer a profesores de la enseñanza pública regional que desean un destino en Madrid y que por otra vía no lo pueden conseguir.

Otro recurso será el de atraera profesores en período de jubilación que les queden 3 o 4 ños de ejercicio profesional, ya que conseguirían que su pensión futura se incrementase sustancialmente al cotizar en los últimos años de su actividad cifras más elevadas.

Iñigo Cavero afirmó que para conceder la autorización a una universidad privada, el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) establecer un período transistorio a cada centro para que cumpla con el requisito del número de profesores en exclusividad.

Respecto a los planes e estudio que pondrán en marcha las futuras universidades privadas, el profesor Antonio Fernández Galiano manifestó que la mayoría optarán por establecer carreras universitarias de cuatro años y ofrecer títulos homologados hasta que alcancen un cierto prestigio y estén en situación de expedir títulos propios.

Mantener una cierta unidad con el sistema educativo español y solucionar los posibles traslados de matrículas de alumnos son dos de las razones por las que se quiere optar por la homologación de ítulos, explicó Fernández Galiano.

Galiano añadió que, al margen de las materias troncales que deberán mantener, las universidades privadas podrán diseñar un 35 por ciento de los planes de estudios.

Un menor coste para los alumnos, una mayor pronta incorporación al mercado laboral y una gestión menos compleja de la universidad son razones para comprimir en cuatro años la duración de las carreras largas, además de modificar y aprovechar realmente el calendario lectivo de los estudiantes.

Segú Galiano, un estudiante actual sólo dedica 150 días del año a la universidad; es decir, que aprovecha un 37 por ciento de todo el año en el aprendizaje universitario.