La Universidad hispalense ha asumido la recomendación del Defensor del Pueblo Andaluz, quien había recibido numerosas denuncias de asociaciones de minusválidos por el incumplimiento de este apartado de la LISMI desde su entrada en vigor en 1982.

Según el informe de la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, el incumplimiento del artículo 30 de la LISMI ha sido la causa de que sólo un 6% de los minusválidos hayan tenido acceso a la universidd hasta ahora.

Los minusválidos sufren un coste siete veces superior al de un estudiante normal en el momento de acceder a los estudios superiores, según el presidente de la federación de asociaciones de minusválidos de Sevilla, Félix Alonso Liza. "Es como una especie de compensación, de discriminación positiva. Es decir: no pagáis porque pagáis de más en otros conceptos", señaló.