El diputado socialista Jaime Lissavetzky anunció esta iniciativa antes de mantener un encuentro on docentes y estudiantes de la Universidad Complutense sobre el funcionamiento de la ANECA.

Según el PSOE, el Defensor del Pueblo debe aclarar los motivos por los que los responsables de la ANECA se niegan a facilitar al Parlamento información sobre los criterios de evaluación al profesorado, el presupuesto de la agencia o la remuneración de su director, Ismael Crespo.

"Es una agencia que trabaja con dinero público, cuya presidenta es la ministra de Educación y cuyo director fue director generalde Universidades. Todo en ella es público menos las cosas que hace", señaló Lissavetzky, quien recordó que ya ha presentado unas 25 iniciativas parlamentarias interesándose por estos asuntos y el Gobierno siempre le contesta igual: que la agencia es una fundación sujeta a las normas del Derecho privado.

Al acto, celebrado en la Facultad de Ciencias de la Información, asistieron docentes pertenecientes al colectivo de Representantes de Profesores Contratados en Claustros de la Universidad Compltunse. Lucila Finkel, profesora ayudante en la Facultad de Ciencias Políticas, y Julio Contreras, profesor contratado en Veterinaria, expusieron los motivos de su descontento con la ANECA.

"La ANECA tiene que existir y queremos que se evalúe nuestro currículum, pero no con la arbitrariedad con la que se hace ahora", afirmó Finkel.

Estos enseñantes denunciaron que se está evaluando de forma negativa, y por tanto impidiendo el acceso al cuerpo de funcionarios, a profesores que llevan diez años en la doencia y publicando en prestigiosas revistas extranjeras. Además, aseguraron que los criterios de evaluación son desconocidos, se suspenden a profesores de áreas completas de conocimiento y los recursos de alzada no se contestan en el plazo debido.