Se trata de los resultados del examen de Historia del Derecho, en la convocatoria de febrero, del primer curso de la Facultad de Derecho del año académico 1989/90, según conoció Servimedia en fuentes de la representación de los alumnos en el consejo de departamento, órgno que ya recriminó oficialmente esta y otras irregularidades al profesor investigado.

Según las mismas fuentes, el joven supuestamente beneficiado por la modificación de notas aprobó ya la oposición de notario, para la que se exige haber concluido en su totalidad la carrera de Derecho.

En el acta original figuraba que el joven no se había presentado al examen de esta asignatura, mientras en el documento supuestamente falsificado aparece como "aprobado", según la información facilitada por el deprtamento a los miembros de su consejo.

Los resultados de esta investigación podrían tener consecuencias nada favorables para el joven notario quien, en caso de perder la oposición, podría pedir responsabilidades a la propia Universidad, indicaron fuentes jurídicas consultadas por esta redacción.

El rectorado, después de tener conocimiento de las mencionadas irregularidades a raiz de la reunión del consejo de departamento del pasado día 3 de julio, nombró días pasados al profesor Pío Tudela, catedático de psicología, encargado de una investigación reservada, que no concluirá hasta septiembre. El caso podría pasar, posteriormente, a manos de la Fiscalía.

El profesor Ramos Bossini modificó al parecer de tres formas distintas la misma acta con una anotación en el dorso de la misma, hecho para el que sólo está autorizado el profesor o profesores miembros del tribunal examinador, y este no era el caso.

Además de, presuntamente, cambiar la nota a dos jóvenes con los mismos apellidos usando tint blanca para borrar y escribir encima, en la diligencia anotada por Bossini afirma tener que incluir en el acta a otra alumna, que ni siquiera era de esa clase.

La investigación tendrá que aclarar, también, cómo el profesor Ramos Bossini tuvo acceso a unas actas custodiadas en Secretaría de la Facultad de Derecho, y a las que sólo deben tener acceso los profesores pertenecientes al tribunal examinador, según las normas de la Universidad de Granada.