El Ejecutivo ha desoído finalmente las voces de comunidades autónomas y partidos que le han pedido un marco específico de financiación para la ejecución de la ley, y sólo prevé sufragar dos cambios que traerá la norma: la organización de las pruebas estatales de habilitación del profesorado y la nueva Agenca de Evaluación de la Calidad Universitaria.

Según cálculos avanzados por Del Castillo, el ministerio pronostica que la prueba de habilitación le costará 1.177 millones de pesetas anuales y la Agencia de Evaluación 1.835 millones al año.

La ministra dijo que el resto de los dineros que necesita la universidad forma parte del conjunto de la financiación autonómica que estos días ultiman de negociar PP y PSOE. "Esta ley no es una ley de financiación de la universidad, sino para mejorar su actividad, señaló.

En cualquier caso, se mostró segura de que las transferencias a las comunidades autónomas bastarán para garantizar la suficiencia presupuestaria de las universidades.

ENMIENDAS PARLAMENTARIAS

Salvo la reducción en las convocatorias electorales a rector que anunció el pasado lunes la ministra en El Escorial, el proyecto definitivo no ha variado en su redacción, excepto varios retoques técnicos, respecto al texto que dictaminó la semana pasada el Consejo de Estado, informó Del Castillo. En cuanto a la tramitación parlamentaria del proyecto, no quiso aventurar si el PP aceptará enmiendas sobre algunos de los aspectos que se han criticado del anteproyecto.

Respecto a la desaparición de la Selectividad, uno de los cambios más relevantes de la ley, afirmó que es previsible que se produzca en el curso 2003-2004.