PP y CiU votaron en contra porque consideraron que la iniciativa de IU sólo serviría para entorpecer las negociaciones que ya están casi ultimadas entre Gobierno, comunidades y sindicatos para solucionar el problea más urgente de la enseñanza superior: la inestabilidad laboral de los profesores asociados.

El portavoz popular, Juan Carlos Guerra Zunzunegui, recordó que el Gobierno central y las comunidades han acordado, con el respaldo de los sindicatos, destinar 28.700 millones en tres años para arreglar de manera preferente el problema del profesorado.

Guerra destacó que también existe un consenso entre todos los sectores sobre la necesidad de dejar ya para la próxima legislatura la modificación global d la Ley de Reforma Universitaria.

El PSOE se abstuvo, porque aunque considera que el Gobierno ha demorado mucho la solución, la proximidad de las elecciones generales desaconseja aprobar una proposición de ley como la que propone IU, según su portavoz, Montse Palma.

Por la coalición de izquierdas, la diputada María Jesús Aramburu afirmó que la situación del profesorado requiere "un tratamiento urgente de choque" que no se puede dejar para la próxima legislatura.

A su juicio, la propuesta quehace el Ministerio de Educación es una cantidad insuficiente que no ha sido negociada realmente ni con las comunidades ni con los partidos políticos.