Durante su intervención ante la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, donde explicó la reforma universitaria, la ministra consideró inapropiado atender las demandas que le han hecho la oposición y colectivos como los rectores para que la enmienda popular también beneficie a los claustros.

Del Castillo aseguró que es "imprescindible" que los claustros se sometan a renovación porque es una de las "esencias" del proecto de ley: que la comunidad académica participe en la elección de los órganos encargados de elaborar los nuevos estatutos.

La ministra subrayó que la enmienda sólo prueba la "flexibilidad" y el deseo de consenso del Gobierno en torno a la reforma universitaria, pese a que su departamento va a estar sujeto a la crítica si toma una dirección o la contraria. Recordó que primero se habló de "castigo" a los rectores por obligarles a dejar sus cargos y ahora que se "cede" ante las presiones.

La dispoición transitoria segunda del proyecto establecía en su redacción inicial que las universidades tendrán que elegir nuevos claustros y rectores en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley.

La enmienda del PP ha suprimido la referencia al rector, porque "manteniendo el núcleo de la ley, permite buscar más apoyos para la reforma", explicó la ministra de Educación.

Del Castillo reiteró su opinión de que aunque con la enmienda del PP ya no se obliga a los rectores a cesar en seis mess, estos saldrían más "fortalecidos" si dejan sus puestos al mismo tiempo que los claustros.

En el transcurso del debate, el portavoz del PSOE Manuel Fernández Zanca hizo referencia a la enmienda del PP en estos términos: "Parece que los rectores son demasiado incómodos y buscan sacárselos de encima. ¿Por qué no hacen lo mismo con los claustros? ¿No han sido también elegidos democráticamente? Les están negando legitimidad a los actuales representantes universitarios".

REFUERZO COMPETENCIAL

La cmparecencia de hoy de la ministra en la Cámara Alta a petición del PSOE y el Gobierno balear sirvió para reeditar las posiciones que han mantenido los grupos políticos desde que se conoció el borrador del anteproyecto.

Del Castillo insistió en que la reforma "contribuye a profundizar el nivel competencial de las comunidades autónomas" en materia de enseñanza superior, y por eso se ha discutido con ellas el texto todo lo necesario.

En el polo opuesto, los consejeros socialistas lanzaron duras crítcas contra la ley. Para la andaluza Cándida Martínez, la ley "nace sin el debido consenso de las comunidades autónomas", carece de financiación y representa una "vuelta atrás en el funcionamiento democrático" de las universidades.