En rueda de prensa, el director general de UB, Juan Casaponsa, señaló que quienes estén en condiciones de prejubilarse podrían hacerlo. A los que decidan trasladar su lugar de residencia a otra de las factoras de UB se les garantizará el puesto de trabajo, además de unos 18.030 euros (tres millones de pesetas), mejoras su sueldo, ayudas a la búsqueda de vivienda, colegio para sus hijos e, incluso, se trataría de encontrar trabajo a sus cónyuges.

Casaponsa justificó el cierre de la fábrica palentina porque, de lo contrario, se pondría en peligro la viabilidad del resto de centros de trabajo que UB tiene en España y de sus 1.100 trabajadores.

El director general de UB añadió que la fábrica de Aguilar e Campoo "es antigua, difícilmente ampliable y con una ocupación del 30%", lo que hace necesario, a su juicio, su cierre y el traslado de su producción a las plantas que la compañía tiene en Navarra y Vizcaya, sin que tengan que ver en esta decisión las exenciones fiscales existentes en ambas comunidades (País Vasco y Navarra).

Aunque Casaponsa reconoció el interés de diversas empresas, que no quiso citar, en adquirir la marca "Fontaneda", precisó que "no está en venta". Además, resaltó que, aunque dihas compañías quieren hacerse con "Fontaneda", no están dispuestas a quedarse con la fábrica de Aguilar de Campoo.

UB planea la inversión durante los próximos 12 meses de 21 millones de euros en los diferentes centros que tiene en España, de los que 11 se destinarían a la construcción de una nueva fábrica en Mérida para la conservación de productos cárnicos.

Cuando UB adquirió Fontaneda, en 1996, la compañía ya tenía unas pérdidas de 1.400 millones de pesetas, que se han incrementado en 3.315 milones de pesetas más desde entonces, a los que habría que sumar los 6.000 millones de pesetas que se pagó por ella y los 1.000 más invertidos en maquinaría, según detalló el director de producción de UB, Oscar Rangel.

Entonces, prosiguió Casaponsa, no se podía prever que el mercado de galletas María para desayuno caería un 53% en cinco años, como ha sucedido.

JUEZ Y PARTE

El director general de UB lamentó el traslado por parte de la Dirección General de Trabajo de la resolución del Expediente deRegulación de Empleo presentado por la compañía a la autoridad laboral de Castilla y León. "Lo respetamos, pero entendemos que alguien pasa a ser juez y parte", añadió.

La compañía ya registró pérdidas en 2001, que ascendieron a 3,25 millones de euros (540 millones de pesetas). Con este cierre, explicó Casaponsa, se trata de invertir esta situación y garantizar el futuro de los más de 1.000 trabajadores de la compañía.

La empresa aún no ha tomado la decisión sobre la fecha definitiva del cierre d la fábrica de Aguilar de Campoo. Cuando haya acuerdos definitivos con los sindicatos y con el Gobierno de Castilla y León "se fijará el calendario".

El director general de UB ofreció, también, la creación de una Sociedad Anónima Laboral, que seguiría trabajando en la manipulación de galletas surtidas o en packs promocionales, labores que podrían dar empleo a entre 20 y 25 personas.

UB dotaría a la sociedad de las instalacinoes, maquinaría, capital y contratos para la realización de las citadas lbores, según explicó Casaponsa.