Unión Romaní, que califica de "el peor de los crímenes que se pueden cometer contra una comunidad" el rechazo a que los niños gitanos se escolaricen junto con los "payos", apoya la idea del fiscal general del Estado de incluir en el Código Penal todas aquéllas acciones racistas que atentan contra la dignidad y la integridad de las minorías.

La asociación no comprende cómo la sociedad de Mancha Real (Jaén) y Aitona (Lérida) exige al pueblo gitano un comportamiento cívico y social, que sólo puee ser fruto de la educación y la convivencia, para luego impedir violentamente que los niños gitanos asistan a la escuela.

A juicio de Unión Romaní, muchas de las personas que se manifiestan contra la educación de los gitanos "están siendo objeto de alguna inconfesable manipulación", puesto que entre ellas existe gente de una extracción social muy semejante a la de la comunidad gitana.

Juan de Dios Ramírez agradece al ayuntamiento de Mancha Real su nuevo comportamiento en relación con este problea, "tan distinto al que dio pie a los tristes acontecimientos de mayo".

Por otro lado, Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía, declaró hoy a la Ser que hará todo lo posible por evitar nuevos brotes de racismo como los aparecidos en Mancha Real.

"Por todos los medios y aunque en ello nos vaya la vida tenemos que garantizar el derecho a la educación de estos niños de raza gitana, tenemos que garantizar este derecho constitucional", aseguró Chaves.

El presidente de la Junta de Andalcía añadió que "no es todo el pueblo el que está en contra de la presencia de estos niños en la escuela, sino un brote de racismo".