Cilla señaló a Servimedia que los "excesivos" servicios mínimos impuestos por el Gobierno para esta huelga "pesan" mucho en el seguimiento de las jornadas de protesta acordadas por la UPS.

La convocatoria de huelga de los secretarios progresistas -con más de 1.300 afiliados- se dirige a los más de 2.500 funcionarios que trabajn en todos los juzgados españoles, y puede afectar gravemente al correcto desarrollo de algunos trámites judiciales previstos para esos días.

De hecho, muchos de los juicios, interrogatorios y demás procedimientos judiciales previstos para esas fechas deberán ser aplazados, en algunos casos hasta varios meses, con el correspondiente perjuicio para los afectados.

La Unión Progresista de Secretarios Judiciales espera que la huelga de hoy y de mañana sirva para iniciar una negociación con la Adminisración de Justicia, ya que, de lo contrario, anunciarán nuevas medidas de presión, como paros de mayor duracción.

Si bien los convocantes "lamentan profundamente" los inconvenientes que puedan causar a los usuarios de la Justicia, consideran que la huelga es la única forma de dar un "toque de atención" a los responsable de este área para que "no se nos desprecie olímpicamente en el proyecto", según Cilla.

Para la UPS, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, actualmente en trámite parlamentaio, es "lamentable, regresiva y gravemente perjudicial para los usuarios de la Justicia", que no respeta "para nada" la figura del secretario judicial y le condena a la "inactividad" y "a estar mano sobre mano en el juzgado, sin estímulo profesional".

Asimismo, la UPS considera que el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil entiende de forma "torticera" y "errónea" la identificación entre juzgado, como órgano donde reside la potestad jurisdiccional, y juez, como máximo representante máxio del mismo.

SIN AVANCES

Para la UPS, que denuncia que en los últimos tres años no se ha avanzado nada en la Administración de Justicia, pese a las sugerencias hechas por el sector, el proyecto de reforma que pretende aprobar el Gobierno es incluso contrario al Libro Blanco de la Justicia, aprobado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el respaldo de todas las asociaciones relacionadas con los secretario judiciales.

De hecho, el CGPJ establece que la base de la reforma y mejora d la Justicia está en el correcto diseño y funcionamiento de la oficina judicial, en la que se da gran importancia al secretario, a quien, además, se pretende incorporar al propio Poder Judicial, junto con los jueces y los magistrados.

Ahora, en el proyecto en estudio, y a juicio de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, se limita el trabajo de los funcionarios y además se duplica el trabajo en los juzgados al tener que revisar el juez las propuestas realizadas por el secretario.

Por su prte, la otra asociación mayoritaria en este sector, el Consejo Nacional de Secretarios Judiciales, no se ha unido a la convocatoria de huelga, a pesar de que en algunas actividades conjuntas con la Unión Progresista ha mantenido posturas similares.