Según informaron a Servimedia fuentes de esta organización, uno de los aspectos que más polémica y rechazo levantará entre los profesionales afectados por la medida serála no colegiación obligada para aquellas personas que desempeñen sus tarea en alguna de las administraciones o en entes públicos y sociedades estatales.

A falta de una valoración más profunda, la Unión Profesional considera que esta medida dejará vacíos de contenido a colegios con fuerte implantación en el sector público, como es el caso de los que trabajan para la Sanidad Pública (Médicos, Enfermeros y ATS), aunque también lo hará en menor grado a colectivos como el de abogados y arquitectos.

Elanteproyecto recoge también la posibilidad de los profesionales de hacer publicidad de sus servicios, extremo que hasta ahora tenían prohibido, así como el libre ejercicio de la actividad en todo el territorio nacional, con el único requisito de estar inscrito en, al menos, uno de los colegios, cualquiera que sea su ambito territorial, aunque se les podrá exigir que comuniquen esas actividades allí donde las vayan a desarrollar.

Los profesionales, según la propuesta del Gobierno enviada a los colectivs profesionales, establece que cada afectado elegirá libremente si quiere cobrar sus honorarios a través del colegio profesional en el que está inscrito, en contra de la obligación actual de hacerlo.

El anteproyecto justifica todas estas medidas en los cambios llevados a cabo por el Gobierno para transformar la economía española regulada y protegida, por otra de libre mercado, de acuerdo con las exigencias de la Unión Europea.

El primer aviso de la necesidad de cambiar la legislación de las profeiones colegiadas lo dió el Tribunal de Defensa de la Competencia, que preside Miguel Angel Fernández Ordóñez, al reclamar la libertad de oportunidades y precios entre profesionales y clientes, solicitud que luego se amortiguó aceptando una simple modificación de la ley que admita los descuentos sobre las tarifas oficiales de los colegios.

Definitivamente, el Gobierno ha optado por una mayor desregulación, animado por los análisis de la economía española que sitúan la fuerte protección de los precios d estas actividades como uno de los motivos que impiden un mejor control de la inflación, uno de los caballos de batalla del Ejecutivo para lograr los objetivos del Plan de Convergencia.